Los empleados del Estado deben ejercer sus funciones protegiendo el interés público, con honestidad e imparcialidad; es decir, sin discriminación, evitando el conflicto de intereses y demostrando neutralidad política. Sus decisiones deben respetar los derechos de los ciudadanos.
Una persona que estima haber sido victima de negligencia, error, injusticia o abuso de poder por parte de un funcionario, puede recurrir a ciertos organismos, cuyo rol es el de vigilar y hacer corregir este tipo de problemas. Por ejemplo, en el Quebec, el Protecteur du citoyen (Protector del ciudadano), independiente del Gobierno Provincial, tiene incumbencia en la relación entre los ciudadanos y la Administración Publica Provincial. Se trata de un servicio gratuito.
Una persona afectada directamente por una ley, puede pedir a los tribunales de examinar su validez constitucional.
Diversas medidas favorecen el acceso de los ciudadanos a los tribunales, a los documentos que el Estado dispone y a la protección de la información personal que le concierne y de la cual la Administración Publica pueda disponer.
Además, la Declaración Canadiense de Derechos y Libertades impone límites al poder del Gobierno ya que las todas las leyes, salvo excepción, deben someterse a ella.
